Expansión.com: La desgravación de la vivienda

La desgravación de la vivienda
El anuncio en el debate sobre el estado de la Nación de la supresión en el 2011 de la desgravación por adquisición de vivienda y su limitación a los contribuyentes que tengan ingresos anuales de hasta 24.000 euros, ha provocado una nueva polémica entre Gobierno y oposición.
Publicado el 05-06-2009, por Ignacio del Río

Una polémica que ha continuado entre la Presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre y la ministra de Vivienda. El Gobierno ha enmarcado la medida en el cambio de modelo, una especie de viaje a ninguna parte, porque salvo la demonización del humilde ladrillo, nadie del Gobierno ha sido capaz de explicar, coherente y estructuradamente, cuál es la estación término del modelo que se predica.

Lo importante para el PSOE no es formular una nueva política económica, sino imputar la responsabilidad de la crisis al mercado, desaforado por los neo liberales y a la política de fomento de la liberalización en el mercado de suelo propiciada, aunque no conseguida en todos los territorios, por los Gobiernos de Aznar.

El esperpento del juicio sumarísimo al sector inmobiliario que practican los socialistas se refleja en la declaraciones del candidato López Aguilar al periódico El Mundo, donde afirma: “El ladrillo no es inocuo a los valores democráticos, corrompe masivamente”.

Mientras la ministra del ministerio morgue de la vivienda, dice en Madrid que la deducción por adquisición de vivienda y consiguiente ampliación que ha aprobado el Gobierno de Aguirre, perjudica a los desfavorecidos. El Gobierno de Zapatero ha pasado de una política de vivienda basada en las deportivas a una política de entierro y funeral, oficiado por un ministerio inexplicable e inexistente.

El origen de las desgravaciones
Convendría recordar que las políticas fiscales de apoyo a la vivienda tuvieron su amparo en los Gobiernos de los socialistas de los años 80 y principios de los 90. El máximo exponente fue la doble deducción, 17% para la adquisición de vivienda habitual y 15% para la segunda vivienda, implantada en el Real Decreto Ley de abril de 1985. Incluso estuvo vigente, durante algunos años, la deducción por inversión en cédulas y bonos hipotecarios.

Esta desgravación y la deducción de los intereses en la base imponible, se compensaban con la imputación de renta por la propiedad de la vivienda propia y de la segunda vivienda con un porcentaje, en este segundo caso que alcanzó un 10% del valor catastral. Hoy todavía se mantiene esta ficción de tal manera que la segunda vivienda genera una renta por su simple propiedad, aunque no esté cedida en arrendamiento y sea de uso propio.

La vivienda ha sido la cenicienta fiscal de los sectores productivos en España. No hay sector más intervenido por los poderes públicos; de ahí proviene sin duda la corrupción y con mayor número de impuestos recayendo tanto sobre su producción como sobre su adquisición y propiedad. Hay impuestos de todos los colores, locales, autonómicos y estatales y en todas sus fases.

La facilidad de su identificación facilita la labor del fisco que cae, vez tras vez y año a año sobre la vivienda, cobrando incluso algunos ayuntamientos la tasa de basura a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. A pesar de todo, al pobre ladrillo el PSOE le atribuye propiedades corruptoras.

Sin embargo, España ha dejado de ser un país de inquilinos para convertirse en un país de propietarios y si se publicase la balanza fiscal del sector inmobiliario se comprobaría su importante aportación a las políticas públicas.

La propiedad inmobiliaria ha constituido una red de seguridad para la financiación de los ciudadanos a los que los bancos preguntan, en primer lugar, si tienen una vivienda en propiedad, cuando se acercan a pedir un crédito. Y ha servido, mediante los incentivos fiscales para incrementar el empleo en los duros años del paro a los que estamos volviendo con el Gobierno con más ministros de la democracia.

Sin duda, una política fiscal moderna debe guiarse por el principio de neutralidad y, por ello, la desgravación y la deducción del coste de la financiación ha perdido sentido en un marco de bajos tipos de interés. Pero esta neutralidad solo es aplicable con una decidida y nítida reducción de la fiscalidad, empezando por la supresión de la imputación de renta presunta y continuando por los impuestos y tasas que penalizan su producción y adquisición.

La voladura incontrolada del sector inmobiliario que ha impulsado y patrocinado el PSOE no tiene ninguna explicación coherente, como no esté en el mal recuerdo de su modelo PSV fracasado o en la voluntad de obstaculizar la extensión social de la propiedad.

Nadie duda de la necesidad de corregir excesos cometidos en los últimos años, como cuando se sitúa en los límites con la Comunidad de Madrid, en Seseña, una macro urbanización alejada de los principios básicos de crecimiento orgánico y funcional de los núcleos urbanos. Pero los datos son tozudos, incluso para la ministra de vivienda, cuando se comprueba que Madrid tiene el mayor número de calificaciones de viviendas protegidas, gracias al proceso de liberalización de suelo que se hizo en su día.

Liberalización del suelo
Queda mucho por hacer por el sector de la vivienda. Tenemos un importante stock de patrimonio edificado envejecido que reclama su remodelación integral. Es necesario poner en práctica una efectiva liberalización del suelo y de los usos, sin pervertir el urbanismo utilizándolo como un muro de contención de la liberalización de servicios que propugna la Directiva Bolkstein, como pretende hacer el Gobierno de la Generalidad. Y hay que convencer a cinco millones de europeos para que tengan casa en España.

Para ello, hace falta que el Gobierno no convierta el urbanismo y el ladrillo en un presunto culpable de los desmanes que practican ciertos políticos, que harían lo mismo con un noble bruto si se terciase. Y hay que explicar que nuestra economía tiene demasiadas rigideces y una superposición de intervenciones públicas, asentadas en las autonomías, que rompen la unidad de mercado y multiplican la falta de flexibilidad de nuestro sistema productivo.

El Gobierno de Zapatero quiere cambiar el modelo económico para dirigir nuestras vidas. El socialismo, perdidas sus referencias ideológicas, nos presenta el espejismo de brotes verdes cuyas raíces se sustentan en el vacío, mientras practica la política del bono regalo, en el más puro estilo justicialista. Ha creado un ministerio a modo de oficina de pompas fúnebres de la vivienda y no nos explica porqué países, que han hecho importantes inversiones en tecnología e investigación como Japón, llevan diez años en crisis.

Y la liberalización y la flexibilidad, la adaptabilidad de la economía a unos ciclos cada vez más rápidos en su transformación y más intensos, ni mencionarla. Lo que se pretende es sustituir intervención por más intervención para imponer un modelo de comportamiento social.