Valentín Pich, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas: “Hay una cierta promiscuidad entre lo económico y judicial, lo cual es muy positivo”
26/06/2013 By
Carmen Llorent
Ha costado años de trabajo y superar algunas oposiciones internas, pero el objetivo se ha conseguido. El pasado 25 de mayo, los colegios de economistas y titulares mercantiles concluían su integración y nacía el Consejo General de Colegios de Economistas, un órgano integrado por 70.000 profesionales que quiere hacer oír su voz más alta y clara. Valentín Pich es el encargado de conducir este nuevo barco y urge al Gobierno a seguir haciendo reformas para superar la crisis. Cree que la asignatura pendiente y ineludible es hacer una reconversión en el sector público. Reconoce que no será tarea fácil pero cree que es necesaria si se quiere poner freno al elevado déficit público.
La fusión entre economistas y titulares mercantiles es ya un hecho a pesar de la oposición que algunos miembros a la integración.
Llevamos varios años inmersos en este proceso. En octubre de 2011 se aprobó la ley que facilitaba la unión, en abril del 2013 salió la orden ministerial del Ministerio de Economía y hace unas semanas hicimos el primer pleno, en el que unimos los dos consejos. Ahora estamos con los problemas logísticos propios de cualquier proceso de unión. Se trata de juntar 33 colegios de economistas, 41 de titulares mercantiles -en total de 70.000 profesionales- y en un proceso así, que alguien se enfade suena parte de lo razonable. Es un pequeño milagro que lo hayamos conseguido. Cuando nos metimos en este lío no éramos conscientes de lo que suponía. Sacar una ley de Parlamento, parecía imposible, pero lo conseguimos. Vimos con el tema de Bolonia que no tenía sentido mantener dos colegios distintos. Los licenciados estamos desapareciendo, los titulares mercantiles también, ahora las nuevas generaciones son todos graduados. Pensamos que había que unirnos y tener una sola voz. Estamos muy animados. Nos preguntan mucho a nivel nacional e internacional por esta fusión.
¿Cuáles son los objetivos que se plantea el nuevo y flamante Consejo General de Economistas?
Lo primero terminar el proceso de unión. Vamos a buen ritmo. Nuestro objetivo principal es prestar un mejor servicio a nuestros colegiados y ser más útiles y más eficientes.
Hablando de fusiones, la futura Ley de Servicios Profesionales también planea la fusión de colegios, con el objetivo de reducir su número. ¿Qué opinión le merece?
Hoy cuando se habla de grandes reformas no se habla de Ley de Servicios Profesionales, aunque es cierto que en la letra pequeña sale. Independientemente de los motivos que podamos tener particulares o privados. Lo importante en este tipo de reformas, más que las grandes frases, es concretar aquellas líneas de actuación. Algo que todavía no tenemos. Si el Gobierno interpreta que hay un determinado colectivo que perjudica la competencia que se meta con ello. La reforma del PSOE de la ley de Servicios Profesionales empezó también con grandes frases y mucha elocuencia, pero hay que decir que entonces el Ejecutivo sí se metió en temas gordos, como los aranceles de los visados. Pero actualmente, de momento, el Gobierno sólo ha abierto una gran discusión filosófica y creo que tiene que ser más claro. Usted cree que tal comportamiento colegial restringe la competencia. Cámbielo. De momento, como no hay un proyecto de ley y el Ministerio de Economía no se atribuye el texto que circula por ahí no me atrevo a decir nada.
La Comisión Nacional de la Competencia sí que ha criticado que los colegios frenan la competencia
Los informes de Competencia con todos los respectos… Si hay un problema digaló claro y indique qué colectivos y qué comportamientos. Si cree que la colegiación obligatoria no corresponde. Metasé con ello. Libre colegiación me parece bien. Que los colegios deben ser de ámbito autonómico… será discutible. Creo que hay que concretar la discusión. El hecho de que haya tantos abogados colegiados tendrá aspectos positivos y negativos. Pero creo que esas conversaciones hay que concretarlas más.
¿Desde el Consejo General de Economistas se ve bien la libre colegiación?
Creemos que hay que respetar. Nosotros no tenemos cuota de entrada, las cuotas que pagamos son asequibles. No vivimos de subvenciones públicas. Somos una cosa rara. Simplemente defendemos que la persona que use la palabra economista esté inscrita en un colegio. Si eres un graduado en Economía y te colegias ya se asegura que tienes esa licenciatura. Por ejemplo, si vas a ejercer como administrador concursal, alguien tendrá que certificar que puedes hacer esa actividad y estás cualificado para ella. Está claro, el uso del nombre tiene que estar ligado a la colegiación.
Sin duda con la crisis económica por medio, los concursos de acreedores se han convertido en un gran campo de acción para los economistas.
En el tema concursal ha habido un gran ‘boom’ pero hay problemas, que cuando se calme todo esto que estamos viviendo hay que abordar. Hay muchas empresas que no van a los concursos que no tienen recursos y terminan desapareciendo; administraciones concursales en las que el economista gana muy bien en otras en las que no puede cobrar un sólo euro. Es cierto que se ha hecho mucho. Los juzgados de lo mercantil son muy recientes. No estaba previsto el gran fregado que iba a venir. Aquí ha habido un tsunami. Pero lo cierto es que los procesos concursales siguen siendo demasiado formalistas y hacen que las empresas vayan tarde. No está pensado el proceso para ayudar a las empresas a salir adelante, aunque es cierto que hemos dejado de estigmatizar la palabra concursal. No es bueno que hayan tantas empresas que desaparecen simplemente cerrando la persiana debiendo dinero a Hacienda, Seguridad Social, proveedores… Se llega tarde y mal al concurso, cuando ya no hay remedio. Hay que dar una vuelta a la ley concursal e introducir la figura del intermediario.
Concursos de acreedores, fusiones, escándalos contables parece que Justicia y Economía están cada vez más unidas
Históricamente hemos tenido relaciones con el Ministerio de Justicia pero menos que en otros países comunitarios. Esto está cambiando. Hace dos meses estuvimos con Alberto Ruiz-Gallardón. Hace poco hicimos un congreso de economía y justicia en Granada con el Consejo General del Poder Judicial. Hay necesidad colectiva de mutuo conocimiento y ayuda. En justicia por definición lo importante son las formas. Un juez al final ante un proceso lo que tiene que aplicar son unas normas. La economía va a otro ritmo. Así, en el tema concursal, el proceso judicial tarda un año y medio. En otras palabras, hay que casar dos ritmos. Pero se está produciendo una revolución en el sistema judicial porque hay una percepción de que la economía cada vez cuenta más. Ayer, por ejemplo, estaba en el Ministerio de Hacienda y me dijeron que el número de inspectores asignados a Justicia crece cada vez más porque los jueces requieren un mayor conocimiento en temas contables. Hay una cierta promiscuidad entre lo económico y judicial, lo cual es muy positivo.
¿Qué opina el presidente del Consejo General de Economistas de la actual crisis que padece España?
España está inmersa en una devaluación interna muy fuerte. De un tiempo a esta parte ,desde el Gobierno y algunas empresas se lanza un mensaje de esperanza. Creo que hay una necesidad de ver la botella medio llena más que medio vacía. Pero a veces sorprende estos cambios de ritmo. Los organismos internacionales hablan de tres velocidades: unos países emergentes que están creciendo a tasas inferiores que hace siete años; un núcleo de países con EEUU y Japón que están creciendo con estímulos; y un pelotón rezagado que es Europa. Sin duda, el Viejo Continente tiene que hacer un análisis interno de lo que está pasando. Nos dicen que en Europa y España este año habrá recesión pero que al año que viene habrá una tendencia de crecimiento muy débil. Esto a efectos de la ciudadanía va a ser muy inapreciable. No olvidemos que el sector privado ha hecho una reconversión a lo cafre. Los medios de comunicación, la construcción, todos los sectores han cortado de forma brusca sus gastos. Las familias también están haciendo una reconversión en la medida que han bajado sus ingresos. Pero ahora el drama que tenemos es que, al margen de quitar una paga a los funcionarios y eliminar a los contratados, el núcleo del sector público sigue sin moverse. Eso me lleva a la preocupación porque seguimos sin controlar el déficit. No nos engañemos, lo cierto es que España tenía unos déficits del treinta y pico por ciento, un poquito menos del 40%, en el 2005, 2006 y 2007 y ahora nos hemos ido a un déficit, si contamos el 4% del rescate bancario, del 90% o del ochenta y algo por ciento si no lo contamos. En definitiva, miremos como lo miremos, hemos multiplicado por dos en pocos años nuestra deuda.
Podemos razonar que una parte importante de este mayor endeudamiento está motivado por la caída de la recaudación y por las políticas anticrisis para ayudar a los desempleados. Pero la realidad es que tenemos un déficit que, incluso con los dos puntos de margen de Bruselas, sigue siendo muy alto. Nos estamos haciendo trampas a nosotros mismos y se corre el peligro de introducir una cierta flexibilización en la tensión que tenemos que tener para seguir reduciendo deuda. A corto plazo, el Gobierno puede aliviar los recortes pero es negativo porque el año que viene ya tenemos Elecciones Europeas y a la que nos despistemos y pasen unos meses ya entramos en un periodo muy delicado.
¿El Gobierno no puede relajarse tiene que seguir con las reformas?
O aprovechamos los meses que nos quedan para hacer lo que tenemos que hacer o luego será más difícil. Cualquier cosa que hagas en el sector público tiene muchos costes políticos y sociales. No hay nada más que ver lo ocurrido en Grecia con el cierre de su televisión pública. No es sencillo. El Gobierno entra en una etapa difícil y delicada. Tocar cualquier cosa del sector público tiene efectos muy complicados. Cualquier huelga de médicos, maestros o del sector judicial es terrible. Estamos en medio de un fregado muy gordo. No hay previsión de mejora significativa a corto plazo del tema del empleo. El número de empresas que están cayendo es grandísimo, sigue sin haber crédito…
Me parece que ve la botella medio vacía en vez de medio llena.
No, pero es muy difícil todo esto. España tiene muchos factores positivos y la sociedad española, por primera vez, es muy consciente de lo que sucede y está dispuesta a dar el cayo. Hemos hecho una gran devaluación interna que ha hecho que muchas de nuestras empresas sean atractivas, al reducir sus costes. España sigue siendo un país serio, la Justicia funciona. Lo que está pasando con la Casa Real demuestra que así es. Nuestros jueces son independientes, la Agencia Tributaria funciona. Pero la realidad es que estamos en un momento muy difícil. El Gobierno no puede seguir subiendo los impuestos al tuntún. Está bien que en una primera etapa lo haya hecho pero esta política no va a ningún lugar. Creas más fraude, incrementas la picardía. Ahora el paso que tiene que dar el Ejecutivo es la gran reforma del sector público y es algo muy difícil. ¡Quién pone el cascabel al gato y recorta concejales o diputados!
¿Es indispensable acometer una reforma del sector público?
Si no lo hacen esto tiene muy mala pinta. Con el déficit público que hay, si resulta que no vas a poder ya subir impuestos, si no tienes ingresos supletorios y por mucho que te den facilidades (los dos puntitos de déficit extra) sigues teniendo un déficit estructural que está aquí. A este paso al año que viene nos plantamos en el 100%. Vienen unos meses muy determinantes en los que el Gobierno tiene que actuar. En el tema de las pensiones, algo hay que hacer, con la sanidad también… Quedan temas muy gordos que abordar.
Pero el Gobierno está activo no deja de sacar leyes, hacer reformas…
Hay necesidad de hacer cosas. Estamos disparando con perdigones a todos los niveles. Esto tiene una parte positiva, pero también negativa. Creo que estamos ensuciando demasiado la normativa. Cambiando cada día las cosas. Aquí las grandes reformas están muy claritas: pensiones, nos guste o no, la reforma de la administración pública y que conllevará un cierto replanteamiento de cómo se prestan los servicios de Sanidad y Educación. Luego tenemos la reforma energética y la fiscal.
¿Y la reforma laboral ya la da por concluida?
Se ha flexibilizado. Pero sigue habiendo problemas graves. No puede ser que entre lo que cobra un empleado y lo que cuesta a la empresa haya un 70% u 80% más. No es normal. Además creo que sigue habiendo indefinición judicial en el caso de despido, lo que no es bueno. Un empresario tiene que saber con claridad cuánto le va a costar despedir al trabajador.
Sí, pero a la hora de hacer reformas y cambiar leyes además de la presión popular los gobiernos tropiezan con unos lobbys cada vez más poderosos.
Hemos pasado de un Estado que lo hacía todo a otro que no sabe exactamente cuál es su papel. En el capitalismo, el Estado tiene por una parte que de ser el aparato represor y por otra tiene un papel de regulador. Pero para ser regulador necesita ser muy potente y en España te da la sensación de que hemos desvestido a un santo y no acabas de vestir a otros. Estos grandes lobbys y empresas transnacionales para bien del capitalismo y de la economía del mercado requieren mucho cuidado necesitan mucha ayuda pero a la vez necesitan un Estado con aparatos u organismos reguladores muy potentes. Por ejemplo, que la Justicia sea respetuosa con los derechos de los grandes lobbys pero que a la vez sea implacable para repartir bofetadas cuando sea necesario. Creo que tiene que haber una gran discusión sobre el papel de los grandes reguladores: CNMV, Banco de España… Los loobys saben donde van y tienen instrumentos legales y técnicos donde sea.
Con tantas reformas y cambios normativos algunos hablan de falta de seguridad jurídica en España.
Quizás ha habido muchos cambios pero algunos ligados a una realidad. Los desahucios, las clausulas suelo… hay que tener compresión. Es muy delicado esta frivolidad colectiva que hay. Detrás de cada desahucio hay un drama humano. Lo correcto quizás hubiera sido crear una agencia publico privada en la que se estudiaran las situaciones más sangrantes. Hay que ir con mucho cuidado y cambiar sólo lo preciso. Pero esto funciona. Será lenta farragosa pero la Justicia funcia. El que la hace la paga. Va a tardar más o menos pero paga.
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