Expansión.com: El futuro de las tarifas colegiales, en manos de un difuso "compromiso ciudadano"

El futuro de las tarifas colegiales, en manos de un difuso "compromiso ciudadano"
La supresión de los baremos de precios que imponen los colegios profesionales supondría la modificación de la Ley de Colegios Profesionales.
Expasión.com (10.04.2007)

La supresión de los baremos de precios que imponen los colegios profesionales supondría la modificación de la Ley de Colegios Profesionales. De momento, el Ejecutivo no da una respuesta clara a los colectivos afectados.

Está en la agenda de todos los colegios profesionales y podría convertirse en el próximo foco de tensión entre los colectivos profesionales y el Gobierno. Desde el pasado otoño, el Ministerio de Economía y Hacienda viene advirtiendo a estas corporaciones la necesidad de eliminar los baremos de precios de los servicios que ofrecen sus colegiados. Aunque se limiten a ser "meramente orientativos", señala Economía, no están "justificados desde el punto de vista del Derecho de la Competencia" -ver EXPANSIÓN del 27 de noviembre de 2006-. Para el gabinete de Solbes la conclusión es clara: hay que liberalizar aún más las profesiones colegiadas.

Sin embargo, pese a las intenciones de Economía, el Gobierno da pocas pistas acerca de lo que va a suceder finalmente. En una pregunta elevada al Gobierno por el senador del PP José Blas Fernández, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, se solicitaba conocer si se va a modificar la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales para eliminar definitivamente esta competencia de los órganos colegiados. El Ejecutivo respondía de forma sorprendentemente escueta e imprecisa: "El Gobierno ejerce la iniciativa legislativa cumpliendo siempre con los compromisos adquiridos con la ciudadanía", apunta la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, dependiente del Ministerio de la Presidencia. Unas palabras que poca claridad aportan al debate abierto.

Los primeros afectados por la iniciativa liberalizadora de Economía, tras las presiones de Bruselas, fueron los graduados sociales, quienes en sus últimos estatutos han omitido cualquier referencia a los baremos orientativos. Y si se cumple lo pronosticado por el ministerio, antes o después, estos cambios llegarán a sectores profesionales como los arquitectos, aparejadores, ingenieros o abogados.

Precisamente, el presidente del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Carlos Carnicer, se reunió el pasado febrero en Bruselas con distintos europarlamentarios a los que manifestó su preocupación por la posible eliminación de los baremos orientativos, y a les explicó que en su colectivo estos precios orientativos "son imprescindibles para la fijación de las costas en un juicio". Asimismo, según fuentes del CGAE, estas orientaciones en las tarifas no suponen una limitación a los profesionales para fijar los precios.

No obstante, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), citada por Economía, estos baremos "afectan a la competencia porque permite a cualquier participante en el mercado predecir con un grado de certeza razonable cuál será la política de precios perseguida por los competidores".

Esta tesis es la que mantiene la Comisión Europea. Además, Bruselas consideraría a los colegios como asociaciones empresariales, por lo que cualquier acuerdo en materia de precios tomado por estos colectivos estaría vulnerando el artículo 81 del Tratado de la Comunidad Europea.
Sin embargo, no es la única opción. En la Comisión también se analiza la tesis que apunta que estos baremos vienen impuestos por una norma estatal, que deja a las empresas sin margen de actuación. En este caso, estaríamos en una cuestión de mercado interior, y sólo el Ejecutivo nacional podría eliminar estos baremos, mediante la modificación de la Ley de Colegios Profesionales.