Las asociaciones critican que la medida del Gobierno es discriminatoria.
18/05/2009 19:20
En el Debate sobre el Estado de la Nación, el presidente del Gobierno anunció una rebaja de cinco puntos en el Impuesto de Sociedades para pymes y autonómos. El de los autónomos es uno de los colectivos más afectados por la crisis —su número ha decrecido por primera vez en la historia—, y necesita de estímulos que le permitan salir a flote. Por ello, las asociaciones reciben la medida como positiva, aunque la consideran discriminatoria, pues sólo beneficiará a una minoría: aquellos que obtengan beneficios y estén dados de alta como persona jurídica. El resto, casi dos tercios de los tres millones de autónomos, no se verá afectado.
“La decisión sólo beneficia a un tercio de los autónomos, porque el resto tributa por módulos o por estimación directa, como persona física, y no están sometidos por tanto al Impuesto de Sociedades”, explica Francisco de Palacio, director de relaciones institucionales de la Asociación de Trabajadores Autónomos (Ata).
El Gobierno ha prometido aplicar “una fórmula equivalente” para los que coticen a través del IRPF, lo que implicaría reducir también la base imponible de la estimación directa y rebajar los módulos. “Si esto se hace, el marco fiscal resultante respondería a nuestras necesidades pero, en su discurso, Zapatero no concretó cuál sería esa fórmula”, indica Sebastián Reyna, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta).autonomos
Para los representantes de los autónomos, el gran problema de la medida son las condiciones impuestas por el Gobierno: la propuesta sólo es efectiva en empresas con menos de 25 trabajadores, con unos ingresos inferiores a cinco millones de euros y que a finales de este año hayan mantenido o incrementado su plantilla de 2008. “Por eso no es la solución, porque por mucho aligeramiento fiscal que haya, será muy difícil mantener el empleo si no se resuelven los dos problemas fundamentales, el de la morosidad por parte de los ayuntamientos y empresas que nos contratan y no pagan, y el de la falta de liquidez”, subraya Agustín González, director general de la Federación Española de Autónomos (Ceat). Las asociacion consideran que muchas empresas no podrán mantener todos los puestos de trabajo, dada su mala situación, y por tanto no se verán beneficiadas por la bajada del impuesto.
“Es necesario implantar otras medidas además de ésta, que es sobre todo de márketing”, señala Salvador García, presidente de la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas (Conae). “Hay que bajar el pago del IVA; obligar a que nos paguen las facturas en un plazo de 30 días; y agilizar los trámites necesarios para acceder a la financiación del ICO.”, añade. “Qué más da que te rebajen un 5% si, en muchos casos, las empresas no pueden llegara a fin de mes”, comenta Pedro Mezquida, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos (Asnepa). Ayer, esta asociación amenazó al Gobierno con una baja masiva en la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos durante el mes de agosto para reclamar medidas urgentes para el sector. De este modo, el Estado dejaría de percibir más de 750 millones de euros. Sus críticas se dirigen sobre todo a la falta de financiación y el mal funcionamiento de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Sequía de crédito
Todas las asociaciones estiman que el problema principal de los autónomos es la escasez de crédito, que no les permite disponer de circulante para financiar su actividad. Por ello, el Gobierno estableció, a través del ICO, una línea extraordinaria de liquidez para pymes y autónomos dotada con 10.000 millones de euros. El problema, dicen los autónomos, es que ese dinero no llega.
En Upta calculan que, hasta ahora, sólo se ha asignado un 24% de este presupuesto cuando, dadas las necesidades existentes, el 100% “debería cubrirse no más allá del mes de junio”. Según Ata, nueve de cada diez autónomos tienen dificultades de financiación, y de los 650.000 que han pedido un crédito ICO, sólo lo ha obtenido un 8%. “No puede ser que la decisión final para conceder estos créditos la tengan los bancos; no es su dinero. El Gobierno debería actuar”, sentencia Camilo Abiétar, presidente de la Organización de Profesionales y Autónomos (OPA).
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