Hoy.es: Una pareja se declara en suspensión de pagos

Una pareja se declara en suspensión de pagos para hacer frente a sus deudas
29.04.09 - M. M. N. MANUEL-M. NÚÑEZ | CÁCERES CÁCERES

«Lo han intentado todo, han mostrado su voluntad de afrontar sus deudas». César García-Vidal Escola defendió la propuesta de Begoña y Julián, ayer ante la junta de acreedores. Topó con la negativa de Caja Duero y el 'no' de la entidad financiera aboca a la pareja a dar por perdida su vivienda en Torre de Santa María. Este caso ilustra la dificultad que entraña un proceso sobre el que se suceden opiniones. García-Vidal cree que para una familia también puede ser «una buena alternativa» acudir al concurso de acreedores. «A veces, como en el caso de Begoña y Julián, no tienes muchas más salidas. El concurso te permite unificar todo el proceso. En nuestro caso, el problema es que no encontramos con un acreedor que ha parado la opción de llegar a un acuerdo». César García-Vidal resume su propuesta: «La deuda total eran unos 250.000 euros y planteamos una quita del 50 por ciento y una espera de cinco años. No entiendo la oposición de la caja», se lamentaba.

Fernando, secretario del juzgado de lo Mercantil, alude a la acumulación de procesos por la crisis: «Estamos al límite y hemos solicitado refuerzos. Hay que recordar que hacemos labores de instrucción, primera instancia también» Begoña y Julián pasaron ayer uno de sus trances más amargos en la sala de vistas número seis del Palacio de Justicia. Allí estaban citados a las 10 de la mañana para la celebración de la junta de acreedores. Allí se presentó esta joven pareja con su abogado con la voluntad de llegar a un acuerdo y poder pagar. Se trata de Begoña y Julián, una pareja cuyo domicilio se situaba en Torre de Santa María cuando en junio del año pasado el juzgado declaró mediante un auto el concurso voluntario de acreedores. Un edicto con fecha de 18 de junio resaltaba que ambos deudores conservaban «las facultades de administración y de disposición de su patrimonio, pero sometidas éstas a la intervención de la administración judicial».

Han pasado diez meses desde entonces y ha llegado el día. Begoña, pelo corto, rubio y blusa blanca, movía las piernas antes del inicio de la junta en un signo evidente de lógico nerviosismo. Su pareja, Julián, con vaqueros y jersey a rayas de colores, no se separó de ella ni un instante, tanto en los paseos de los juzgados como en la propia sala.

«Somos de Montánchez. Estoy muy nerviosa. Poco puedo decir como comprenderás», subrayaba Begoña, al tiempo que César, su abogado, trataba de aprovechar el receso de 15 minutos que marcó el administrador judicial para llegar a un acuerdo, a la postre imposible, con el representante de Caja Duero. El debate giraba alrededor de una deuda con la caja de ahorros por importe de 102.000 euros, aunque la deuda total de la pareja se acerca a los 250.000 euros. «Si se aplica una quita del 50 por ciento provoca un grave perjuicio a la entidad», razona el agente bancario. «Para poder vivir y tener una vida normal se exige un techo», matiza César García-Vidal, el letrado de la pareja. En la sala hay otros acreedores que se mantienen en silencio. La agente judicial ha ido citándoles a todos: Seguridad Social, Caja Extremadura, Banco de Castilla... así hasta ocho al menos. Algunos ni siquiera han comparecido.

La junta concluye y solo el 13 por ciento da su visto bueno a la propuesta de convenio planteada por el abogado de Begoña y Julián. «No se ha llegado a un acuerdo. Vamos a la liquidación de la sociedad», avanza el administrador. Begoña sale desolada: «Mal, esto ha ido muy mal. No quieren llegar a un acuerdo». Julián sigue sin separarse de ella. «Nos vemos así porque económicamente está la cosa mal. Quieres pagar, pero no sabes cómo. Te ves así». «Pensamos que ésta era una salida, pero...», susurra.

Se encarece
Salen del Palacio de Justicia y se despiden. Son la única familia que se ha acudido al concurso de acreedores: no tienen ganas de hablar, y menos tras ver su resultado. «Ésta es una buena salida para las personas físicas cuando tienes opción de pagar. Te permite ganar tiempo. Si no, te toca pagar abogado, procurador, anuncios... Todo eso aún encarece mucho más el proceso», indican fuentes del juzgado de lo Mercantil.

Allí, la vida sigue igual. Se multiplican la quiebras, crecen los monitorios, pero no hay noticias de la creación de un nuevo juzgado. Eso sí, tras las gestiones del magistrado y del secretario, al menos, se reforzará la plantilla con un trabajador más porque la crisis no da tregua, pasa por los juzgados y permite ver en sus salas de vista a representantes de empresas que se ven abocadas al llamado concurso de acreedores, lo que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Concursal de 2003 se conocía como 'suspensión de pagos'.

En el último año, esa figura se multiplicó por tres en la provincia de Cáceres, según los datos que recoge el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, las personas físicas aún son reacias. A lo largo de 2008 solo se registró un caso en Extremadura, en Cáceres, tal y como corrobora el estudio anual del Instituto Nacional de Estadística.
«Solo tenemos contabilizado un caso. Hubo otro más, pero no fructificó», señalan responsables del Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Cáceres, que también realiza funciones de lo Mercantil y que está lleno de trabajo.

Seis concursos de acreedores en 2007 y una veintena un año después: es decir, un incremento del 233 por ciento. El porcentaje refleja por sí mismo el deterioro de la situación económica, al que la provincia no es inmune. Los datos del CGPJ aluden a empresas; personas físicas sólo Begoña y Julián. De momento.