Expansión.com: Auditores y Estatuto de la Abogacía

La polémica con los auditores marca la redacción final del Estatuto de la Abogacía
El Consejo General de la Abogacía quiere presentar al Gobierno un texto definitivo a principios del mes de enero, con una incompatibilidad “absoluta” en la relación de las firmas de auditoría y los despachos.
Publicado el 11/09/2007, por Jaime E. Navarro

El nuevo Estatuto de la Abogacía entra en su fase definitiva en el último trimestre del año. El Consejo General de la Abogacía (CGAE) quiere tener un texto definitivo para presentar al Gobierno a principios de enero. Uno de los aspectos más polémicos del próximo texto estatutario girará en torno a los impedimentos para ejercer conjuntamente los auditores y los abogados, lo que divide los pareces de ambos colectivos.

En 2001, quedó fijada una incompatibilidad tibia entre ambas profesiones, según la abogacía, fruto de la necesidad de sacar adelante el Estatuto, que corría el riesgo de quedar encallado indefinidamente, por lo que se fijó que la incompatibilidad se podía salvar si la “prestación se realiza por personas jurídicas distintas y con Consejos de Administración diferentes”.

Las intenciones del CGAE son ahora muy distintas. “El objetivo es plasmar que esta incompatibilidad es absoluta, que son dos profesiones que deben estar radicalmente separadas”, explica Enrique Sanz, decano del Colegio de Abogados de Valladolid y presidente de la comisión que dirige los trabajos del nuevo estatuto.

Desde el lado contrario, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas (Icjce) se opone a esta pretensión de los abogados. “La normativa española cuenta ya con un régimen de incompatibilidades serio y riguroso, totalmente armonizado con la normativa y la tendencia europea e internacional”, afirman. Para el Icjce, “pretender ir más allá nos alejaría del necesario equilibrio de las normas”.

Según Ramón Pallarés, socio director del área legal de KPMG Abogados, debe existir una “necesaria separación” entre los profesionales de la auditoría y los abogados. No obstante, “no es en absoluto incompatible con la posibilidad de que dentro de una misma organización dedicada genéricamente a la prestación de servicios puedan coexistir, con los límites y separación” marcados por la actual norma, concluye.

Desde Ernst & Young Abogados defienden la misma postura, y añaden que existen herramientas dentro del despacho –Quality & Risk Management– “para asegurar la calidad de nuestros servicios y velar por el cumplimiento de nuestra independencia”, sostiene Víctor Gómez de la Cruz, director general de este bufete.

En petit comité, sin embargo, los comentarios dentro de algunos despachos vinculados a firmas de auditoría van más allá. “Se trata sólo de una pataleta de la abogacía, que no tiene muchas posibilidades de verse reflejada en la versión final del texto”, apuntan.

Dentro del Consejo de la Abogacía no está previsto, no obstante, establecer en esta fase de la redacción del estatuto contactos con los despachos de abogados que podrían verse afectados por la incompatibilidad. “Más adelante podría plantearse una reunión con los colectivos afectados, pero ahora mismo no está entre nuestros planes”, señala el decano de Valladolid.

Por contra, el CGAE quiere eliminar las restricciones que existen ahora para los procuradores, graduados sociales y gestores administrativos licenciados en Derecho para poder ejercer como abogados, como adelantó EXPANSIÓN el 12 de junio. Esta liberalización es importante de cara a la redacción del reglamento que regula las incompatibilidades en las nuevas sociedades profesionales, ya que dotará de un mayor campo de acción a estas profesiones jurídicas.

Objetivos
El CGAE anunció el inicio de los trabajos de redacción del nuevo texto estatutario la pasada primavera. El órgano rector de la abogacía quiere adaptar el marco en el que se desenvuelve este colectivo al nuevo contexto normativo: la relación laboral especial en los despachos de abogados, la Ley de Acceso a la profesión y la Ley de Sociedades Profesionales. Asimismo, quiere revisar el marco de relaciones con los consejos autonómicos de la abogacía y modernizar el funcionamiento del propio CGAE.