Si Nueva Rumasa entra en concurso, los acreedores podrían solicitar a los administradores que respondan con su patrimonio personal ante las deudas que no se puedan cubrir con los activos de las sociedades que gestionan.19.02.2011 Sergio Saiz/Itziar Elizalde
La prioridad para la familia Ruiz-Mateos es conseguir refinanciar antes de cuatro meses la deuda de 700 millones de euros con la banca, cantidad a la que hay que sumar la deuda, hasta el momento desconocida, con proveedores y empleados.
Según cálculos del propio grupo, será suficiente con 500 millones de euros que un desconocido inversor extranjero podría estar dispuesto a desembolsar en las próximas semanas para evitar que la compañía llegue al concurso de acreedores, según explicó el jueves el consejero delegado del grupo, José María Ruiz-Mateos.
Pero, ¿y si no llega a tiempo ese misterioso caballero blanco? Entonces, Nueva Rumasa necesitará llegar a un acuerdo con el 60% de sus acreedores antes de cuatro meses o, de lo contrario, un juez podría declarar en concurso a las diez sociedades (Dhul, Clesa, Rayo Vallecano, Hibramer, Carcesa, Elgorriaga, Trapa, Hotasa, Quesería Menorquina y Garvey) para los que el hólding ha solicitado el convenio de pagos, según explican fuentes jurídicas.
El problema de llegar a esta situación para los administradores es la posibilidad que tienen los acreedores de exigir responsabilidades a los gestores, es decir, pedirles que respondan con sus bienes personales si el patrimonio de las sociedades afectadas no es suficiente para cubrir todos los pagos.
Aunque la familia Ruiz-Mateos ha protegido sus poderes empresariales a través de varios paraísos fiscales, la exposición de los administradores es mayor. El hólding está formado por más de 300 sociedades, muchas de ellas gestionadas por directivos cercanos a la familia.
De hecho, el grupo ha potenciado desde sus orígenes una cultura muy paternalista, característica de las empresas familiares, hasta el punto de que muchos ejecutivos no sólo son empleados, sino que también participan de alguna forma en el grupo, bien a través de la adquisición de pagarés o acudiendo a las ampliaciones de capital realizadas por algunas sociedades.
Al frente
La responsabilidad sobre las empresas que se encuentran en la antesala del concurso está en manos de los vástagos de José María Ruiz-Mateos, fundador de Nueva Rumasa.
El hijo con el que comparte nombre es el consejero delegado del hólding y sus hermanos comparten el resto de cargos al frente de las diferentes compañías. A fecha de 2009, según las últimas memorias disponibles, Álvaro Ruiz-Mateos concentraría la mayor parte de la responsabilidad, ya que figura como administrador o apoderado de la mitad de las firmas en preconcurso: Dhul, Clesa, Rayo Vallecano, Carcesa e Hibramer.
La Ley Concursal establece un plazo de dos meses para que un administrador presente el concurso voluntario desde que conoce la situación de insolvencia de la sociedad. Los expertos señalan que el plazo empieza a contar desde que se formulan las cuentas de la sociedad, es decir, como tope, a partir del 31 de marzo (fecha límite para depositar la documentación en el Registro Mercantil).
A partir de ahí, se pueden considerar prórrogas, como la presentación del informe de auditoría (antes del 30 de abril) o la celebración de una junta general (hasta el 30 de junio), donde se pueden plantear alternativas, como la emisión de pagarés o ampliaciones de capital para salvar la compañía, medidas ambas que utilizó Nueva Rumasa.
Sin embargo, si dos meses después de celebrar esa junta y poner en marcha las medidas acordadas no se logra remontar la situación, la actuación de los administradores podría considerarse no diligente. Para exigir a un gestor que responda con su patrimonio de la situación de insolvencia, existen dos vías.
Por un lado, que un acreedor fuerce el concurso, una medida difícil de adoptar, ya que tiene que demostrar que la situación de impago es recurrente y afecta en reglas generales a la mayoría de los acreedores. Por otra parte, si se llega al concurso a través del artículo 5.3 (como es el caso de Nueva Rumasa), se abre la pieza de responsabilidad si se acuerda una quita superior al 30%, es decir, que quien reclama perdone un tercio de la deuda durante el proceso de refinanciación.
La duda que plantean los expertos a la hora de señalar responsabilidades, llegado el caso de un concurso, es saber cuándo consideraría un juez que los administradores de Nueva Rumasa conocían la situación de insolvencia.
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