Millet pisa el juzgado tras 88 días de escándalo
El fiscal pedirá hoy prisión para el expresidente del Orfeó y su cómplice.
JOSEP-MARIA URETA
El efecto Iguazú. Navegar por el río sin atender al ruido de fondo. Es lo más parecido a lo que ha sucedido con el caso Millet, que hoy entra en una nueva fase con el cara a cara de Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, con el juez Juli Solaz. El propósito de la fiscalía es pedir prisión para ambos. De todas formas, tras el interrogatorio existe la posibilidad de que el ingreso sea eludible mediante fianza.
La nave del Palau de la Música navegaba plácidamente cuando un primer tronco la sacudió el 23 de julio, hoy hace 88 días. Fue espectacular ver a los mossos entrar en el templo para cargar cajas con las cuentas del complejo entramado que presidía Millet. Todo parecía una actuación «exagerada», ordenada porque la Agencia Tributaria tenía indicios suficientes de que el Palau manejaba una gran cantidad de billetes de 500. Con esa visión parcial, parecía un caso más de uso indebido de dinero sin declarar y cuentas mal redactadas. La primera regla Iguazú: el rumor del agua, aunque aumente, no anticipa que vienen cataratas.
EN MERCEDES Es decir, ver en pleno mes de julio a Millet montarse en su Mercedes 600, clase D, protegido por un paraguas blandido por un conserje solícito parecía un nuevo entuerto que se desvanecería con la canícula. Cuatro días después de la intervención, hubo otro acto que parecía de trámite: el relevo «provisional» de Millet de sus cargos. Segunda regla Iguazú: nadie vio que no se trataba solo de irregularidades tributarias, término que goza de toda la comprensión entre amplias capas del empresariado --macro y micro-- catalán. En la reunión de la asociación Orfeó Català la vicepresidenta primera, Mariona Carulla, asumió la presidencia. Se lo tomó en serio y en pocos días fichó a un experto en gestión de bienes culturales, Joan Llinares. Eran fechas prevacacionales y no hubo espacio para la reacción política, salvo los más sensibles catalanistas que vieron la segunda profanación del templo, tras los Fets del Palau antifranquistas de 1960.
TRABAJO INTENSO Agosto pasó con las vacaciones del poder judicial, y el trabajo intenso en el Palau de quienes, junto a los despachos de Deloitte y Garrigues, trataban de reconstruir la trama de lo que ya se presumía como estafa. En septiembre, por la parte pública el fiscal insistió una, dos, tres veces para que se tomaran medidas cautelares sobre Millet, Montull y su hija Gemma –que han gozado de una insólita libertad de movimientos–, mientras que el juez se aferró a la tesis de que solo actuaría cuando la Agencia Tributaria aportara datos sólidos para emprender las acciones oportunas. Por la parte privada, la asamblea de patronos del 3 de septiembre cumplió con la más genuina ley del silencio. Aquella tarde los auditores avisaron del desfalco de unos cuantos millones (dentro de la decena. Ahora ya es veintena). Tercera regla Iguazú: cuando llega la primera cascada, hay que prepararse.
Y llegó antes de lo previsto. El 16 de septiembre se conoce una carta de Millet y Montull al juez en la que admiten haber cometido actos inconvenientes que se traducen en irregularidades contables. Se declaraban culpables de la apropiación de unos tres millones, entre efectivo e inmuebles de su propiedad que iban a comprar en nombre del Palau. La carta contenía, sutilmente, un aviso a navegantes –otra vez Iguazú–: no todo el dinero desviado del Palau fue a manos de sus gestores. Comisiones de proveedores en cuentas propias y pagos en metálico sin factura a músicos. Esa era la explicación de Millet y Montull.
EL VUELCO POLÍTICO El caso dio un vuelco cuando este diario publicó el 1 de octubre el reconocimiento de Àngel Colom de que parte de las cuentas pendientes de su frustrado Partit per la Independència las había saldado Millet con dinero del Palau. Los días siguientes se destapó que la fundación Trias Fargas, vinculada a CDC, había recibido hasta 630.000 euros en donaciones del Orfeó. Otro ruido insólito del efecto Iguazú en la corriente que lleva a la gran cascada: una fundación musical que financia a una fundación política. En paralelo, los nuevos gestores del Palau-Orfeó, inauguraron la temporada el pasado 8 de octubre en un ambiente dual: la recepción del acto de apertura de temporada la financiaba Ferrovial, una de las constructoras de la ampliación, ante una completa asistencia de autoridades políticas y un flojo apoyo de la burguesía esquilmada por Millet.
El río suena y lleva agua. Que acabe en cascada, como predice el efecto Iguazú, empezará a saberse hoy. Depende de lo que declaren Millet y Montull, de lo que proponga el fiscal y de lo que decida el juez. Y en la parte privada, la burguesía engañada por uno de los suyos ha de decidir, dentro de unos días, cuando disponga de la auditoría completa, si la hacen pública y se convierten en parte acusadora como patronos de la fundación. El efecto Iguazú ya alcanza a todos los navegantes.
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