Mercasevilla, un escándalo de alcance nacional
Una auditoría saca a la luz gastos millonarios.
El PP preguntará a Chaves en el Congreso sobre el despilfarro consentido por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hispalense
07-09-2009 - Diariocrítico/F. Benítez y Agencias
Los gastos millonarios sin justificar descubiertos por la auditoria que Deloitte ha hecho en la empresa pública municipal Marcasevilla y que publca el diario ABC de Sevilla, van a suponer un grave quebradero de cabeza no sólo para el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, sino también para el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y para el ex presidente y actual vicepresidente y ministro de Política Territorial del Gobierno, Manuel Chaves, que tendrá que dar la cara en el Congreso. El escándalo está servido.
Los directivos de la empresa municipal de abastos de Sevilla, Mercasevilla, han realizado en los últimos años gastos ingentes de dinero público sin el mínimo control por parte del Ayuntamiento de Sevilla ni del Gobierno local (PSOE-IU), a pesar de ser éstos los responsables principales de la sociedad y de tener capacidad ejecutiva máxima en los órganos de gobierno de esta empresa (Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva). Los gestores —principalmente el director, Fernando Mellet, y el subdirector, Daniel Ponce— de la empresa pública, ambos imputados, han dispuesto «a discreción» de los fondos de la empresa sin que se les exigieran cuentas por parte de sus superiores, quienes los habían colocado en los cargos.
Así se concluye en la auditoría de gestión realizada por Deloitte a encargo del Ayuntamiento tras saltar el escándalo de las comisiones en el «Merca», documento que analiza el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y al que ABC ha tenido acceso. Este informe sobre los «procedimientos de control interno» de la empresa municipal fue solicitado por el gabinete del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín a mediados de abril, esto es, una vez que el caso ya se había conocido tras publicar este periódico que la Fiscalía investigaba la charla de los directivos con los empresarios de La Raza solicitándoles una comisión ilegal de 450.000 euros para la Escuela de Hostelería. Esa reunión fue grabada por los empresarios y llevada a manos del fiscal por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía —departamento que había otorgado una subvención de 900.000 euros para esa escuela de hosteleros—. Antes de estallar el escándalo, el ejecutivo local ignoró las irregularidades que se estaban produciendo en la empresa local pese a estar obligado. En la auditoría realizada sobre la gestión de la empresa y de la propia Fundación Socioasistencial Mercasevilla —trasladada al Ayuntamiento el 5 de junio— se insiste especialmente en la nula información por parte de la dirección de la empresa tanto al Patronato como a la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración de la entidad.
ANÁLISIS DE PAGOS
Así, en el análisis de los capítulos de pagos, en los de operaciones de crédito o el de inversiones, Deloitte recalca que «en la práctica la única limitación existente es la marcada por los poderes otorgados a la dirección general», que obviaba su obligación de «comunicar todos sus pagos» a los responsables políticos. El límite de abono establecido para los directores es de 30.000 euros por operación, pero éste se ha superado en múltiples ocasiones y, además, no se ha realizado la comunicación pertinente de esos gastos a la comisión ejecutiva. "No se ha encontrado evidencia documental de que se haya informado a los órganos de gobierno de las operaciones de crédito e inversión financiera suscritas por las entidades», indica la auditoría que maneja la jueza"."No existe documento interno de instrucciones de contratación en el que se recojan los límites definidos» para los pagos que realice la dirección, indica también esteinforme, «lo cual ha dado lugar a que, en la práctica diaria, no exista nivel de aprobación superior a la Gerencia, existiendo gastos e inversiones que no han sido tratados por los órganos de gobierno, cuando así debería haber sido». De esta forma, el informe centra las anomalías en los directores de la empresa más que en los responsables políticos —y ejecutivos—, que han sido precisamente los que han encargado este análisis de gestión.
La propia Deloitte indica en sus conclusiones que si hubiese realizado «una auditoría —estrictamente hablando— o se hubiesen aplicado otros procedimientos se podrían haber puesto de manifiesto aspectos distintos a los incluidos en el informe», preparado «para uso interno» de la dirección del «Merca». De hecho, la compañía auditora recalca que los términos de la fiscalización efectuada a la empresa pública se habían «acordado» con el Ayuntamiento, destinatario del informe y «responsable de la suficiencia de los procedimientos llevados a cabo». «No asumimos responsabilidad alguna sobre la suficiencia de los procedimientos aplicados», dice Deloitte en referencia a los apartados analizados, pactados con el equipo de gobierno municipal. El informe, por tanto, está hecho en cierto sentido a la medida de lo que buscaba el Ayuntamiento con el escándalo ya en la calle.
Los resultados del documento sirvieron para sustentar la decisión del alcalde y su gabinete disolver la Fundación Mercasevilla, cuyas cuentas presentan un agujero contable de 1,1 millones de euros. No en vano, la auditoría de gestión incide en la ausencia de procedimientos contables reglados dentro de la empresa y también, lo que es incluso más grave, de controles sobre los procesos de aprobación de gastos y formalización de los pagos, que dependían de la dirección.
DESCONTROL FINANCIERO
Desde la oposición, por ello, se viene destacando el papel «pasivo» del Gobierno local ante todo este descontrol financiero. La auditoría de gestión de Mercasevilla y su fundación elaborada por Deloitte para el Ayuntamiento de Sevilla revela en un desglose de gastos final —tras analizar sólo una parte de los pagos, no todos— verdaderos ejemplos del descontrol y el exceso que han presidido las operaciones económicas de la entidad pública. Pagos con tarjeta de crédito sin justificar, viajes, comidas... la historia más prototípica de estos casos.
El dossier de fiscalización apunta entre sus conclusiones a «numerosas incidencias derivadas de la falta de justificación de gastos».Así, los auditores del mercado de mayoristas sevillano han detectado gastos, por ejemplo, de 30.272 euros realizados con una tarjeta de crédito Visa sin que se hayan aportado los preceptivos justificantes. La tarjeta pertenece a la dirección general, al frente de la cual estaba Fernando Mellet, principal imputado por el intento de cobro de comisiones a empresarios. En la auditoría, además, se refleja otro gasto de 11.417 euros que no está debidamente justificado. Esta cantidad corresponde a una de las entregas de dinero a cuenta que percibió el ex subdirector de la empresa de abastos, Daniel Ponce, para dos viajes realizados a Vietnam con motivo de la Feria del Pescado. El coste de estos dos viajes asciende a 33.321 euros, según el informe de auditoría, pero un tercio de la cifra total de gasto carece de justificación. Ponce es otro de los imputados que ya fue citado por el Juzgado de Instrucción 6 por ese asunto de la petición al Grupo La Raza de 450.000 euros para un proyecto ya subvencionado previamente por la Consejería de Empleo.Llama la atención en ese desglose de gastos de la auditoría, por otro lado, la cantidad de 60.883 euros para comidas de Navidad y almuerzo anual con mayoristas de frutas, verduras y hortalizas, las cuales, pese a tener soporte de «facturas emitidas y visadas por la dirección», la auditoría considera como «gasto elevado» de «celebraciones diversas».
En este ámbito, se incluyen también, por ejemplo, 8.200 euros por un par de servicios de cátering por un premio y por un congreso. Entre los gastos analizados aparece también el pago de los honorarios de un abogado por un importe de nada menos 22.674 euros, sin que se mencione el nombre del letrado en cuestión —que cobró 14.174 euros por su trabajo de 2007 y otros 8.500 por el realizado este año—. Otro «asesoramiento» muy bien pagado es el realizado en 2007 y 2008 a la Asociación de Mayoristas de Pescado, colectivo al que se le pagó por «consultoría y otros conceptos» hasta 76.000 euros —38.000 por cada año—. Se supone que estos mayoristas asesoraron sobre el traslado a las nuevas instalaciones de la entidad.
No menos llamativo resultan los 9.300 euros incluidos en el informe de Deloitte —aunque en esta ocasión en la Fundación Socioasistencial de la sociedad— para pagar una parte de una beca de estudios en el extranjero este mismo año a un tercero ajeno a la empresa municipal; en este caso, la auditoría señala que «no existe constancia de las bases o criterios que justifiquen la misma».Incluso se incluyen en el listado regalos, protocolarios o no. Por ejemplo, se detalla un gasto de 420 euros en una cámara de vídeo en 2007. La auditoría ha servido para conocer dos pagos por un montante total de 198.145 euros a dos empresas por «servicios de asesoramiento» para lograr que cuajase un expediente de regulación de empleo (ERE) en Mercasevilla. Una de estas empresas es Maginae Solutions S.L, cuyo administrador único es el cuñado del ex sindicalista de Jaén Juan Lanzas, y que facturó 143.145 euros por estas labores de asesoramiento. Lanzas, amigo del ex consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, negó que su papel sea el de «conseguidor», un término que usó Fernando Mellet en la grabación que dio origen al caso para referirse a la «comisión» que tuvo que pagar en su momento para «lograr un ERE».
Pese a no tener nada que ver con la empresa municipal, Lanzas sí admitió, de hecho, haber realizado labores de intermediario entre la sociedad y la Delegación de Empleo de la Junta de andalucía para conseguir el ERE; el delegado de Empleo, Antonio Rivas, está también imputado en el caso. El segundo pago por asesoramiento en el ERE se realizó a la empresa Hermes Consulting, que cobró 55.000 euros en el ejercicio 2008.
SUPUESTO CASO DE COHECHO
El diputado nacional del PP Ricardo Tarno preguntará el próximo miércoles, durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de este periodo, al ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, por el supuesto caso de cohecho en la empresa pública Mercasevilla. «¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno de la Nación, tras conocerse la imputación por delito de cohecho del director general de Mercasevilla S. A. empresa participada por Mercasa?», es el texto de la pregunta que el diputado sevillano formulará a Chaves, ex presidente de la Junta de Andalucía y máximo responsable del Gobierno andaluz cuando sucedieron esteos hechos, en el primer pleno de control, después de que este tema fuera aplazado de otro pleno del anterior periodo.
Tarno interrogará al titular de Política Territorial por un caso que saltó a la luz pública a finales del pasado mes de marzo, después de que la Fiscalía de Sevilla llevara tres semanas investigando el presunto intento de cobro de comisiones al grupo hostelero La Raza por parte de Mercasevilla.Esta pregunta forma parte de la nueva estrategia de este partido de otorgarle una dimensión nacional a este caso e intentar contrarrestar la atención mediática sobre la llamada trama Gurtel.
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