Lo que Bolonia esconde03.04.2009 - ADRIÁN VILLANUEVA GRACIA | RESPONSABLE DE ESTUDIANTES DE CJC-LA RIOJA
Bajo el llamado 'proceso de Bolonia' se esconde la reconversión estructural de la universidad que parte de los parámetros económicos establecidos por la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, a través de los Acuerdos Generales de Comercialización y Servicios (AGCS) que promueven la conversión de derechos fundamentales como la educación o la sanidad en servicios que conviene 'liberalizar' (léase privatizar).
Obviamente, estos procesos privatizadores son graduales: una empresa no «compra una facultad» (al menos, no literalmente). El diseño estratégico del plan incluye el recorte presupuestario al sistema público para disminuir sus medios y así 'justificar' la (falsa) mayor eficacia de la gestión privada. A continuación, la penetración del capital privado para condicionar las líneas de investigación; la identificación perniciosa entre intereses 'empresariales' y 'sociales', que otorga al llamado mercado laboral la capacidad absoluta para decidir lo que debe estudiarse, la adopción de una metodología, un discurso y unas prácticas para formar mano de obra, consumidores y convertir la educación en un negocio.
Y esto, ¿en qué se concreta?
Respecto al cambio en los planes de estudio, aparecen una serie de modificaciones con respecto al sistema de primer-segundo ciclo actual, que establecen una clara coyuntura elitista, pues la entrada del postgrado que concede la especialización constituye un auténtico embudo de selección económica (aumento de tasas). Una actual licenciatura no corresponde en contenidos con el grado sustitutivo. La devaluación de los títulos obligará a cursar el máster correspondiente para obtener el mismo grado de especialización que con la actual licenciatura.
Cuando se habla de precios 'similares' debe leerse realmente 'superiores'. La continua subida de tasas nada tiene que ver con la subida de los salarios reales, dificultando el acceso a los estudios superiores a quien no puede costearlos. Precios 'públicos' debiera significar asequibles a todos y a todas, no simplemente menores a las abrumadoras cifras de los centros privados.
Respecto a las becas, no se suprimen de golpe, pero aparecen los préstamos, como en el sistema estadounidense. Se habla de 'condiciones ventajosas'. Ahí estamos de acuerdo. Ventajosas... para quienes prestan. A estas alturas ya sabemos lo que significan las hipotecas y sus 'ventajas'.
Aparece la 'competitividad' en la acreditación de titulaciones como corolario. Entra en escena la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), agencia de control externa encargada de decidir qué estudios son 'viables' (léase 'rentables'). La calidad educativa es asimilada a parámetros empresariales, cosificando a alumnado y profesorado.
La empresa manda. Las líneas de investigación quedan aún más supeditadas a intereses empresariales. La educación superior queda fuera del MEC y sus competencias las asume el Ministerio de Ciencia e Innovación a cargo de Cristina Garmendia, ex-alta ejecutiva (con cargo en la CEOE) de la industria biotecnológica; el Consejo Social de la UNED queda presidido por César Alierta, presidente ejecutivo de Telefónica; Gustavo Rachid, polémico empresario de la comunicación ligado al integrismo católico, asesor de universidades privadas y experto en privatizaciones, dirige la política informativa del MICINN Los ejemplos son casi infinitos.
¿Por qué si todas las reformas que se condensan en Bolonia tienen casi 10 años sólo se 'informa' por autoridades ministeriales, rectores... cuando parte del profesorado y el alumnado se moviliza?
Ni actitudes condescendientes, ni acusaciones de 'radicalismo' o 'ignorancia', ni agresiones o detenciones policiales abusivas como en Barcelona van a servir para frenar la movilización por una universidad pública y de calidad que sea un derecho, no una mercancía.
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