Alejandra Cuétara considera ilegal que Víctor González Marroquín sea fiscalizado por un órgano que dirige su hermana.
Oviedo, J. A. ARDURA
El PP denunciará ante la Unión Europea y varias instituciones y organismos españoles, entre ellos el Ministerio de Economía y Hacienda, el parentesco entre la interventora general del Principado, Margarita González, y el director del IDEPA, Víctor González Marroquín. La diputada regional del PP, Alejandra Cuétara, sostiene que es «ilegal, vergonzoso e inadmisible» que el director de uno de los entes regionales que maneja un mayor volumen de fondos públicos y ayudas sea fiscalizado por un órgano que dirige su hermana. Los populares aseguran que esa situación, que se da en Asturias desde el año 2004, vulnera los principios y normas de auditoría del sector público, especialmente el de independencia. Fuentes del Gobierno regional niegan que sea ilegal dicha situación.
Víctor Manuel González Marroquín es director del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias desde el 1 de agosto de 2004, año en el que su hermana ya era la máxima responsable de la intervención general, «un cargo de confianza al igual que la dirección del IDEPA», según Cuétara.
La diputada regional entiende que ese grado de consanguinidad «quiebra el principio de independencia que debe regir en la labor desarrollada por la Intervención». Al ser preguntada sobre el hecho de que la hermana de Marroquín se haya abstenido de participar directamente en la auditoría al IDEPA, Cuétara respondió: «Los interventores tienen una dependencia jerárquica clara con la interventora general, que orienta y marca los límites de las auditorías». Su compañero de grupo parlamentario, Ramón García Cañal, precisó que en el informe de auditoria 2007 «se ha recortado los capítulos que se fiscalizan al IDEPA».
Los diputados del PP también mantienen que las normas de auditoría del Intosai, de carácter universal y a las que se remite el reglamento financiero de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas de la UE, precisan que el personal de las entidades fiscalizadoras que tengan estrechas relaciones de amistad o parentesco con directivos de la entidad auditada no deben ser asignados a la labor fiscalizadora de esa sociedad. De ahí que el PP asturiana inicie hoy mismo el envío de su denuncia a la Comisión de Economía de la Unión Europea y al Tribunal de Cuentas de la Unión Europea toda vez que, según recalca Cuétara, el IDEPA maneja una importante cantidad de fondos procedentes de la UE. La parlamentaria añadió que no pararán ahí las comunicaciones. También remitirán la información de ese parentesco al Tribunal de Cuentas de España, a la Sindicatura de Cuentas asturiana, a la Intervención General del Estado, a las intervenciones generales de todas las comunidades autónomas, al ministro de Economía y a los miembros del Congreso y del Senado en las comisiones de Presupuestos.
Los diputados del PP respondieron que han intensificado sus investigaciones ahora, a los cuatro años de que los hermanos González Marroquín coincidieran en el Principado, porque han detectado «una mayor relajación y debilidad manifiesta en las tareas de fiscalización». El PP ha denunciado la relación de parentesco entre el director del IDEPA y la interventora general después de que los socialistas ovetenses -cuya portavoz municipal es Paloma Sanz, esposa de González Marroquín- volviesen a la carga sobre la vinculación del alcalde popular de Oviedo, Gabino de Lorenzo, a la yeguada Picos de Europa, que cedió a sus hijos hace años.
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