Expansión.com: Solbes quiere liberalizar totalmente las tarifas de los colegios profesionales

Solbes quiere liberalizar totalmente las tarifas de los colegios profesionales

Por C. Cuesta / J. E. Navarro
El Ministerio de Economía y Hacienda ha decidido pisar el acelerador de la liberalización de las profesiones colegiadas. Una apertura que, en esta ocasión, será ya total y que supondrá la negación a los colegios profesionales españoles de una de sus potestades más atacadas por las autoridades comunitarias: los precios orientativos.
Expansión (27.11.2006)

Economía acaba de comunicar al Consejo General de Colegios de Graduados Sociales su oposición a la inclusión en sus estatutos de una tarifa de precios orientativos, según el documento emitido el pasado 2 de octubre y al que ha tenido acceso EXPANSIÓN. Y la decisión será generalizable al conjunto de las profesiones liberales: en ese mismo informe, el departamento de Pedro Solbes detalla que las presiones de la Comisión Europea –plasmadas en visitas presenciales realizadas por sus representantes a España en los últimos meses–, unidas a la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, han terminado de dibujar un panorama en el que no tienen cabida los precios orientativos.

Entre las profesiones que pueden verse afectadas se encuentran colectivos de fuerte relevancia económica como los abogados, arquitectos, aparejadores o ingenieros. Los últimos informes remitidos por Unión Profesional han cuantificado el peso económico de todas las profesiones colegiadas (que agrupan a más de un millón y medio de trabajadores) en un 8,8% del PIB.

Precios orientativos
Los precios orientativos son las tarifas que los colegios ponen a disposición de sus colegiados con el objetivo de que cuenten con unos precios de referencia –en ningún caso impuestos, sino meramente orientativos– aplicables a los servicios que desarrollan.

Economía revela en su documento que, “aunque a priori [los precios orientativos] puedan admitirse por venir amparados en la Ley de Colegios Profesionales, no se consideran justificados desde el punto de vista del Derecho de Competencia. El Ministerio apunta que “la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas recoge que la fijación de los precios, aún cuando meramente constituya una orientación o recomendación, afecta a la competencia, porque permite a cualquier participante en el mercado predecir con un grado de certeza razonable cuál será la política de precios perseguida por los competidores”.

Economía detalla, además, que “la Comisión Europea viene insistiendo [en su oposición a los precios orientativos] desde el Informe sobre la Competencia de los Servicios Profesionales de la Dirección General de Competencia publicado en febrero de 2004” y “en concreto, en lo que respecta a España, se ha puesto de manifiesto la necesidad de supervisión, entre otras regulaciones, de la facultad que tienen los Colegios Profesionales por ley para fijar baremos de honorarios orientativos en interés de los profesionales”.

El departamento de Pedro Solbes relata con detalle en su informe la reunión mantenida el pasado 6 de julio “en la sede del Ministerio de Economía [...] entre representantes de la Comisión Europea, el Servicio [de Defensa de la Competencia], el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Dirección General de Política Económica, el Instituto Nacional de Consumo y los representantes de Ministerios y colegios profesionales, en la que se expuso la necesidad de suprimir la facultad que tienen los colegios para fijar baremos de honorarios orientativos en interés de los profesionales”. Economía señala también que, tras esa reunión, Bruselas ha realizado un seguimiento a España y ha remitido cartas a los ministerios emplazando a la liberalización de los baremos. El Ministerio admite en el documento que la decisión sobre los precios orientativos está cerrada, especialmente porque “a finales de noviembre” la Dirección General de Competencia [de la UE] se pondrá en contacto con el Servicio de Defensa de la Competencia [español] para informarse de los avances proseguidos, y espera contar en enero con cambios o propuestas de cambios normativos o avances en la revisión de tales restricciones”.