Expansión.com: El PP, a favor de separar bufetes de las auditoras

El PP, a favor de separar bufetes de las auditoras
La batalla está servida. Una enmienda del Partido Popular al proyecto de la futura Ley de Auditoría de Cuentas, actualmente en fase de tramitación parlamentaria y cuyo retraso ha censurado ya el Tribunal de Luxemburgo (ver página 30), propone la separación radical entre la actividad de la abogacía y la de los auditores a través de una enmienda al artículo 8.
Publicado el 26-02-2010 , por J. M. L. Agúndez/ M. Serraller

Esta norma es la que aborda la incompatibilidad de los auditores. El PP pretende ir más allá del límite establecido en la Directiva para los auditores y quiere que figure como causa de incompatibilidad “la prestación de servicios de abogacía para la entidad auditada”. Esto incide de lleno en los despachos ligados a las Big Four: Landwell–PricewaterhouseCoopers, KPMG Abogados, Ernst & Young Abogados y Deloitte Abogados. No sólo afecta a estas entidades, sino también a todos los despachos de tamaño inferior que de una forma u otra cuentan o están relacionados con una entidad de servicios de auditoría.

Como en su día adelantó este periódico, un sector relevante de la abogacía –algunos despachos que no tienen relación con auditoras– entiende que el proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas es muy laxo con los límites de actuación de los auditores –ver EXPANSIÓN del 12 de enero–. Ahora, una de las enmiendas de este sector ha sido acogida por el Partido Popular.

El proyecto establece un límite en relación con las funciones del auditor de cuentas o la sociedad de auditoría respecto de una empresa o entidad, que consiste en “la prestación de servicios de abogacía para la entidad auditada, cuando se refieran a la resolución de un litigio o conflicto sobre cuestiones que puedan tener una incidencia significativa, medida en términos de importancia relativa, en los estados financieros u otros documentos contables correspondientes al período o ejercicio auditado”.

Esta redacción del proyecto recoge el espíritu de la Directiva, tal y como sostienen expertos consultados.

Sin embargo, la enmienda quiere que en la futura ley se incluya “la prestación de servicios de abogacía para la entidad auditada”, sin más. Esto provocaría, según otras fuentes consultadas, una interpretación tan radical hacia la separación total de los despachos respecto a las entidades de auditoría con las que están relacionados. Es decir, se daría un paso más porque, según fuentes del sector, el proyecto, tal y como está redactado, “cumple con la Directiva Europea escrupulosamente”.