elPeriódico.com: Una nueva obligación tributaria causa alarma en las pymes

Una nueva obligación tributaria causa alarma en las pymes
Las pymes se temen una auténtica avalancha de sanciones de hasta 15.000 euros como consecuencia de la nueva regulación fiscal de las operaciones entre los socios y las sociedades –las denominadas operaciones vinculadas–. Estas se establecen a través del pago de retribuciones, préstamos o alquileres, que son muy comunes en las pymes.
AGUSTÍ SALA BARCELONA

La patronal Cecot, una de las primeras en dar la voz de alarma, estima en 1.200 euros por empresa el coste medio de adaptarse no solo a documentar estas transacciones sino a hacerlo a valor de mercado, como estipula la norma. El Col.legi d’Economistes de Catalunya se ha sumado a reclamar que la obligación documental se cincunscriba a las operaciones por encima de los 100.000 euros. También CiU lo exige a través de una proposición de ley.

Aunque la obligación entró en vigor hace un año, la inquietud se produce ahora, al tener que cerrar las cuentas de cara al impuesto de sociedades que se liquidará en julio. Incumplir los requisitos o aplicar un valor que los inspectores consideren alejado del de mercado puede suponer sanciones «totalmente desproporcionadas», según el asesor fiscal de la Cecot, Enric Rius.
Eso agravaría la situación de un sector que sufre con intensidad la crisis. «A ver cómo justifica mi cliente lo que cobra como sueldo, no por lo alto, sino por lo bajo que es», se queja un asesor. Esta es una de las operaciones vinculadas más habituales. Además, cumplir con lo dispuesto no es una garantía de que no se padecerán sanciones cuando el inspector revise los datos, aunque Hacienda asegure que el espíritu de la norma no es perseguir a las pymes. Eso, en opinión de Rius, genera «mucha inseguridad jurídica».

Uno de los aspectos más polémicos es que las operaciones vinculadas se tendrán que computar al precio que habrían tenido que fijarse entre dos partes sin ninguna relación, advierte Josep Maria Noguera, de la Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears.
Al final, una norma de ámbito europeo pensada para limitar las argucias contables de las multinacionales con sus filiales se ha convertido en una ley de aplicación general, sin que ninguna otra resolución haga distingos para las pymes.

Luis del Amo, director del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), afirma que, a pesar de que no hay motivos para tanta preocupación, es verdad que el sistema obliga a un trabajo intenso de identificación de operaciones y de «justificación del método de valoración», sin que haya estándares para hacerlo. En su opinión, «el mayor problema es el de la documentación porque está ligado a sanciones muy graves. Si se suma la falta de costumbre, supone una tormenta perfecta que ha generado mucha inquietud».