elEconomista.es: El gobierno flexibiliza la estructura de las auditoras y refuerza el control de calidad de sus trabajos

El gobierno flexibiliza la estructura de las auditoras y refuerza el control de calidad de sus trabajos
El Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados el proyecto por el que se modifica la Ley de Auditoría de Cuentas, con el que se flexibilizara la estructura de las sociedades que se dedican a la auditoría y se refuerza el control de calidad de los trabajos.
10/11/2009 - 13:26

Con este proyecto el Ejecutivo hace la transposición de la Directiva 2006/43, y se homogeneizan así los procesos de trabajo con el resto de países de la Unión Europea.

La normativa incide especialmente en las auditorías de entidades de interés público, es decir, aquellas compañías cuya información financiera es importante para el entorno económico español, según explicaron desde el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac).

Así, por ejemplo, los auditores tendrán que rotar cada siete años en todas las empresas de interés público y no sólo en las cotizadas como hasta ahora, aunque sólo será necesario que cambie el socio y el gerente de la sociedad.

Por otra parte, se reduce de tres a dos años el plazo en que un directivo de una empresa puede ser auditor de la misma y viceversa, y se limitan los casos en que los sujetos vinculados hacen incompatible al auditor (por razones de parentesco o por capacidad de influir en el resultado).

Además se revisan ciertas causas de incompatibilidad (relaciones empresariales, selección de directivos o servicios distintos a la auditoría), que se someterán al régimen general de salvaguarda.

Y otras se clarifican, como la participación financiera del auditor en la empresa que se analiza. En este sentido, afectará sólo si es significativa.

Respecto al régimen sancionador, se mantienen en general en cuanto a proporción, si bien se corrigen algunas deficiencias técnicas que perjudicaban a sociedades pequeñas y se rebajan algunos límites.

Por ejemplo, en las sanciones graves se baja la multa del 10% al 7% de los honorarios facturados, y en las muy graves se reduce cinco puntos hasta el 20%.

Desde el Icac aseguraron que el proyecto de ley no supone una reducción de las exigencias a las auditoras, que se trata de un enfoque diferente.

El organismo, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, sí reconoce que el hecho de reforzar la supervisión les va a dar más trabajo y que será necesario dotarlo de más recursos en los próximos años.