elPaís.com: Coopers & Lybrand, sancionada por infracciones en la auditoría de Torras

Coopers & Lybrand, sancionada por infracciones en la auditoría de Torras
La empresa recurrirá la multa de 37 millones ante Economía.
ERNESTO EKAIZER - Madrid - 08/02/1994

El Instituto de Contabilidad, Auditoría y Cuentas (ICAC) ha resuelto sancionar con una multa de 37 millones de pesetas a la firma Coopers & Lybrand por su comportamiento en la auditoría de las cuentas del Grupo Torras del ejercicio 1990. El grupo, controlado por el kuwaití KIO, presentó la mayor suspensión de pagos de la historia de España. La sanción es la más seria que hasta el momento se ha resuelto en España y supone el 1,25% de la facturación de la compañía auditora, que prepara un recurso ante el Ministerio de Economía contra dicha resolución. El plazo para recurrir vence el próximo 12 de febrero.

El ICAC, organismo que preside Ricardo Bolufer, comunicó la resolución a Coopers & Lybrand en la primera quincena de enero pasado, después de varios meses de investigación, debates y propuestas. Fuentes del ICAC consultadas por este periódico prefirieron omitir cualquier comentario sobre el particular, pero EL PAÍS pudo saber que la sanción había sido adoptada a primeros de enero pasado. Una fuente de alta responsabilidad en Cooper & Lybrand confirmó la información y anunció que la empresa recurrirá, de aquí al 12 de febrero, la resolución.La decisión del ICAC se basa en una presunta violación el artículo 16.2.c de la Ley de Auditoría, en el que se sanciona "el incumplimiento de las normas de auditoría que puedan causar perjuicios económicos a terceros o a la empresa y entidades auditadas".

Básicamente cuatro infracciones diferentes, según las fuentes, son finalmente presentadas como violación al citado artículo. La sanción máxima permitida es la baja definitiva de la empresa auditora, pero para ello tiene que incurrir en tres infracciones graves. Las multas van del 1% al 10%, según la gravedad, y en este caso es del 1,25%, considerado en la banda baja. No obstante, la importancia de la multa radica en que es la primera que se produce.

Un equipo del ICAC mantuvo largas discusiones con el personal de Coopers hasta elaborar su informe, el cual fue objeto de dos comentarios, uno del Registro de Economistas Auditores (REA) y otro del Instituto de Auditores y Censores Jurados de Cuentas. Ambos dictámenes, que fueron llevados al comité consultivo, no vinculante, del ICAC , son contrarios al de este organismo.

No obstante, no han sido capaces de cambiar la propuesta de resolución. Fuentes solventes han señalado que los 37 millones de pesetas de sanción empezaron por una cifra aterradora en un primer momento: 150 millones de pesetas.

La auditoría del Grupo Torras, correspondiente a 1990, incluía unas salvedades por un importe de 80.000 millones. Las cuentas de 1991 no fueron firmadas por los accionistas, Kuwait Investment Office (KIO), lo que llevó a Coopers & Lybrand, a su vez, a hacer otro tanto en su momento. Precisamente por la ausencia de las cuentas de 1991, el objeto del ICAC han sido las de 1990.

Alguna discusión
Coopers estima ahora, después de comunicada la sanción, que las salvedades de casi 80.000 millones explicaban un aspecto muy importante de la situación del Grupo Torras. "Hay que tener en cuenta que dicho informe nos llevó a alguna discusión fuerte con el accionista a primeros de 1991, cuando KIO era uno de los inversores más sólidos de éste país", dijo una fuente de la firma auditora Coopers & Lybrand. Según las cuentas anuales y el informe de auditoría, el valor neto contable era de 78.000 millones de pesetas, lo que resultaba de descontar las salvedades por 78.000 millones. Esto arrojaba un cifra inferior a la última aportación de capital, de 115.000 millones; el capital de trabajo era negativo en 27.000 millones; había unas pérdidas de 24.000 millones, más otras no reconocidas por Ercros, que no venían cuantificadas, y, finalmente, se detectaba una concentración de participaciones en cuatro empresas, riesgos por créditos a otra entidad del grupo KIO, denominada Phoenix, y pactos de recompra de acciones propias en poder de otras sociedades.

"Es cuanto menos paradójico que se haya sancionado una auditoría que contenía datos para conocer la situación de Torras. Es posible que no estuviesen todos, pero había material", dijo el ejecutivo de otra firma de auditoría a este periódico.

Los trabajos técnicos del ICAC describen la realidad financiera y contable de Torras y enfatizan su valoración de los defectos del trabajo de Coopers & Lybrand. Los temas de consolidación del grupo, las relaciones de Ercros con las sociedades de paja tenedoras de acciones de Prima Inmobiliaria, adquiridas mediante OPA, la existencia de cartas de fiducia, los créditos a empresas relacionadas por, valor de 40.000 millones, y otros asuntos, son el blanco de los peritos del ICAC.

La sanción, que será recurrida en los próximos días, abre una nueva situación en el marco de las relaciones entre los auditores, las empresas y el Instituto de Contabilidad. En las últimas semanas, como resultado de la crisis en la cooperativa de viviendas PSV, Banesto y la aseguradora La Unión y El Fénix, los informes de las empresas Ernst & Young, Price Waterhouse y Arthur Andersen, respectivamente, son objeto de verificación por parte del instituto.

El ICAC estudia el informe de auditoría sobre las cuentas de 1992 de La Unión y El Fénix, remitido por la Dirección General de Seguros, donde la discusión gira en torno a una diferencia entre los ajustes propuestos por el auditor y los que ha estimado más conveniente Seguros.