Tortuosa reforma contableLos empresarios llevan ya casi cien días manejándose con las nuevas reglas de contabilidad.
Expansión.com 07.04.2008
El nuevo Plan General de Contabilidad (PGC), que supone la extensión de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), ha sido uno de los cambios de mayor calado que han tenido que afrontar las empresas españolas en los últimos años, pues se modifican apreciablemente los conceptos y los criterios que venían utilizando desde los planes de 1973 y 1991. Pero la adaptación al PGC está siendo tortuosa. La aplicación de la nueva regulación está suponiendo muchas dudas e inquietudes y no pocos costes para las empresas, más allá de las complicaciones habituales que comporta cualquier cambio.
En principio, no cabría ponerle muchos reparos a la propia reforma contable. Resulta razonable el propósito de modernizar la normativa española, para acercarla a los estándares internacionales. Se gana en transparencia y en comparabilidad en una economía globalizada. De hecho, el Gobierno podría haber sido más ambicioso, y apostar directamente por la aplicación generalizada de las reglas internacionales. Pero se optó por la prudencia, para quedar en un terreno intermedio, en el que, de alguna manera, se mantuviera parte de la tradición contable española.
Es posible que esta mezcla sea parte de los problemas; pero estos no residen tanto en el fondo, como en las formas que se han seguido. Un cambio de tal calado habría exigido un proceso más abierto y dialogado, con mayor participación de los afectados, con más tiempo para conocer y preparar los cambios. Y, obviamente, que diera lugar a un entramado normativo diáfano, que no produjera más incertidumbres. Y no ha sido así. El proceso de reforma contable ha sido todo menos modélico. Los empresarios se han sentido ignorados, y los profesionales, que tienen que librar diariamente con las nuevas normas, ninguneados. Además, a pesar de ser un proceso sobre el que se lleva trabajando largo tiempo, da la impresión de que se va improvisando sobre la marcha, hasta el punto de que el PGC definitivo vio la luz a finales de noviembre, apenas un mes antes de su aplicación. Y ahora las empresas están descubriendo que las nuevas reglas de contabilidad les puede suponer un importante incremento en su factura con Hacienda, pues no se ha podido cumplir con la neutralidad fiscal prometida por el Gobierno. Como solución de urgencia, Hacienda ampliará el plazo para el primer pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades; pero no deja de ser un parche, en tanto se busca una solución satisfactoria, que puede que no llegue antes del verano.
Lo peor es que muchos de los problemas y de las dudas que surgen ahora ya se avisaron por los profesionales, los técnicos e incluso por los partidos de la oposición durante la tramitación y elaboración de la reforma. No cabe, pues, poner como excusa ahora que hay un Gobierno en funciones, con limitada capacidad de decisión. Muchos de los problemas de ahora no existirían si se hubiera trabajado con anticipación, y sin dar la espalda a las empresas.
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