Expansión.com: La crisis del ladrillo llena los juzgados mercantiles en Cataluña

La crisis del ladrillo llena los juzgados mercantiles en Cataluña
El número de expedientes concursales presentados en los seis Juzgados Mercantiles de Barcelona durante los últimos meses se ha disparado. La construcción y el inmobiliario representan el segundo sector con un mayor número de concursos.
Publicado el 07/04/2008, por T. Ferreiros/ P. Riaño. Barcelona

Los tablones de corcho que cuelgan a la entrada de los despachos de los Juzgados Mercantiles de Barcelona están a rebosar desde hace algunos meses. Y cada vez más, las empresas que figuran en ellos cuentan con las palabras “construcción” y “promoción” en su denominación social. Según una relación elaborada por EXPANSIÓN, actualmente más de veinte compañías relacionadas con el sector inmobiliario están en diferentes fases del proceso concursal, teniendo en cuenta aquellas que han presentado expediente durante 2007 y 2008.

Con la entrada en vigor en 2003 de la Ley Concursal –que sustituyó a la antigua Ley de Suspensión de Pagos–, los expedientes de empresas con problemas para hacer frente a sus pagos se tramitan en los Juzgados Mercantiles. En Barcelona existen seis de ellos, cinco ubicados en la calle Ausias March y uno, en Via Laietana. En Girona, Tarragona y Lleida, en cambio, existe únicamente un juzgado por provincia.

Las fases del proceso
Grupo Sánchez, cuya matriz es Sánchez Romero Grupo Inmobiliario, es la única inmobiliaria o constructora en concurso con un capital social de más de un millón de euros. El expediente de la empresa se presentó el 20 de marzo en el juzgado número 6 de Barcelona, pero ha sido devuelto al Decanato Mercantil para que se le asigne un nuevo juzgado. Teresa Ramos, abogada de Landwell-PricewaterhouseCoopers y ex juez del Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona, explica que “existe un criterio de reparto para que cada juzgado tenga un número de casos equitativo, aunque no se tiene en cuenta el pasivo de las sociedades, es decir, el trabajo que va a conllevar cada caso”.

Una vez presentada la declaración de concurso por la empresa o por sus acreedores –concurso voluntario o necesario, respectivamente–, se abre la fase común, en la cual el juez debe fijar el inventario de los activos de la empresa y la lista de acreedores. Durante esta fase, la empresa puede solicitar su liquidación o bien presentar una propuesta anticipada de convenio, en el caso de que tenga intención de continuar con su actividad.

Según figura en la ley, la propuesta de convenio puede contener propuestas para los acreedores de convertir la deuda “en acciones, participaciones o cuotas sociales o en créditos participativos”. Si la compañía confía en el rendimiento de su negocio para hacer frente al convenio, deberá presentar un plan de viabilidad. La junta de acreedores deberá votar a favor o en contra de la propuesta de convenio de la empresa y, con esta decisión –y tras la aprobación del juez–, podrá continuar o no con su actividad.

Si la empresa debe ser liquidada, el juez suspenderá a los administradores y dispondrá del patrimonio del grupo. La administración concursal –integrada por un abogado, un auditor de cuentas o economista y un acreedor– se encargará de liquidar la sociedad y, en caso de que sea necesario, subastar los activos.

Visión negativa
El concurso de acreedores tiene como objetivo ayudar a las empresas con un plan de futuro a aplazar el pago a sus acreedores. Sin embargo, esta figura tiene connotaciones negativas para las compañías, que ven dañada su reputación. Según fuentes jurídicas, muchos empresarios, en un intento de salvar la situación de la empresa, postergan la declaración de concurso y, cuando lo hacen, la liquidación es la única solución. De hecho, según explica Rodolfo Fernández, socio fundador de Miliners, “la ley todavía deja muchos problemas sin resolver, como los elevados costes que representa el concurso para la empresa y el colapso financiero que suele sufrir la empresa y que habitualmente conduce al cierre”.

El año pasado se presentaron en Catalunya 224 concursos, la primera comunidad autónoma de España, seguida por Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. En Catalunya, la construcción y las inmobiliarias son, tras industria y energía, los sectores que concentran un mayor número de expedientes.